La reciente decisión de aumentar el salario mínimo en Colombia en un 23% abre una conversación que va más allá del titular. Es un debate que el país necesita abordar con responsabilidad, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como la hotelería, donde el impacto de este tipo de medidas es directo, inmediato y estructural. Desde 2019, Colombia ha enfrentado un contexto económico retador: la inflación acumulada se acerca al 48%, mientras que el salario mínimo ha crecido cerca del 75% en ese mismo periodo. Esta brecha refleja un esfuerzo legítimo por proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, pero también plantea un desafío significativo para la sostenibilidad de las empresas que generan ese empleo formal. La hotelería es, por naturaleza, una industria de personas. A diferencia de otros sectores, no es fácilmente automatizable. Operamos 24/7 y dependemos del talento humano para garantizar servicio, calidad y experiencia. En un hotel promedio, la nómina representa alrededor del 37% de los costos operativos. Por ello, un incremento de esta magnitud en el salario mínimo tiene un impacto profundo sobre la estructura financiera de cualquier operación hotelera. El desafío se intensifica cuando analizamos el comportamiento de los ingresos. En los últimos años, los hoteles han realizado esfuerzos importantes para ajustar tarifas, recuperar terreno tras la pandemia y responder al aumento generalizado de costos. Sin embargo, los incrementos tarifarios no han logrado compensar, en la misma proporción, el aumento de la inflación y de los salarios. El mercado impone límites claros: la demanda es sensible al precio, la competencia es alta y no siempre es posible trasladar los mayores costos al huésped sin afectar ocupación y competitividad. Este desbalance ejerce una presión directa sobre la rentabilidad del negocio. Márgenes más estrechos reducen la capacidad de reinversión, de modernización de activos, de fortalecimiento de programas de sostenibilidad y de mejora continua de la experiencia del cliente. A largo plazo, también impactan la generación de retornos adecuados para los inversionistas que han confiado en el sector hotelero colombiano. Esta preocupación no es aislada. Gremios como Cotelco Nacional y ANATO han advertido que incrementos salariales de esta magnitud, sumados a otros cambios normativos recientes —como mayores recargos, la reducción progresiva de la jornada laboral y el aumento en servicios públicos—, están modificando de forma relevante los escenarios de planeación financiera del sector. En muchos casos, tarifas y contratos ya negociados para los próximos años no contemplaban este nivel de incremento en los costos laborales. Desde Grupo Germán Morales, reconocemos plenamente el valor social de mejorar las condiciones de quienes hacen posible nuestra operación. Nuestros colaboradores son el corazón de nuestros hoteles y su bienestar es una prioridad. Al mismo tiempo, creemos firmemente que la sostenibilidad empresarial es un pilar del bienestar social: sin empresas viables no hay empleo estable, ni inversión, ni crecimiento sostenible en el tiempo. Por eso, más que una crítica, este es un llamado a una conversación técnica, abierta y de largo plazo entre el sector privado, los inversionistas y el Gobierno. Una conversación que busque equilibrio entre tres objetivos clave: proteger el ingreso de las personas, garantizar la viabilidad de las empresas y preservar la competitividad de una industria estratégica para el turismo y la economía del país. La hotelería colombiana ha demostrado resiliencia, capacidad de adaptación y compromiso con el desarrollo del país. Hoy enfrentamos un nuevo reto que exige liderazgo, diálogo y decisiones informadas. El camino no es sencillo, pero solo a través de una visión compartida podremos construir soluciones que funcionen para todos.
